El juez obliga a restaurar el castro de las Torres de Padín a una empresa

E. V. Pita
Localidad:
vigo
El juez de Penal número 3 de Vigo ordena en una sentencia a la empresa Sánchez Álvarez que ejecute las medidas necesarias para restaurar la zona dañada de las Torres de Padín, que alberga un yacimiento con estratos históricos que comprenden desde la edad de bronce hasta el medievo.
La restauración se realizará tras el dictamen previo que redacte un arquitecto municipal y otro de la Xunta. Los expertos deberán indicar a la empresa el modo en que debe reparar todos los daños causados a dicho yacimiento que reúne 2.800 años de historia.
El tribunal también sanciona con una multa de 20 días a 15 euros diarios (300 euros) a la empresa al considerar que es culpable de una falta contra el patrimonio histórico.
La Fiscalía había solicitado seis meses de cárcel al empresario por haber levantado un muro en el recinto del castro.
El juez absolvió de un delito contra la Ordenación del Territorio al administrador Fernando Benito Sánchez Álvarez aunque lo condena por una falta contra el patrimonio histórico.
El conflicto se remonta a hace unos años, cuando el empresario sufrió hasta 30 robos en su nave, situada junto a la autopista AP-9. Para evitar nuevos golpes, el gerente levantó un muro alrededor del recinto aunque admitió que actuó sin licencia.
Un policía autonómico se percató de que el linde podría haber invadido el yacimiento arqueológico descubierto en 1988 durante la construcción de la autopista AP-9 en Teis. El trazado del vial tuvo que desviarse para no perjudicar a los restos históricos.
Los peritos que declararon en el juicio confirmaron que la cimentación del nuevo muro invadía parte del recinto aunque nadie pudo concretar si esta obra llegó a dañar alguna pieza arqueológica. De todos modos, el arqueólogo provincial explicó al juez que el daño era «irreparable» porque el movimiento de tierras o la práctica de hoyos había echado a perder información sobre la disposición de los estratos, «máis valiosa que as pedras».
Error en la escala
El abogado del empresario trató de convencer al juez de que fueron inducidos a error al interpretar el mapa a escala del Plan Xeral, porque las líneas de tinta eran muy gruesas y se equivocaron en tres metros de distancia al levantar el muro.
Los daños podrían ascender a 450 euros aunque no llegó a ser acreditado.
El juicio fue celebrado el 29 de noviembre tras varias suspensiones. A lo largo del proceso, falleció por accidente uno de los dos imputados.
Las obras realizadas por la firma de demoliciones en el entorno del castro provocó la consternación del jefe superior de Policía, Luis García Mañá, y de los fiscales reunidos en la isla de San Simón el año pasado.
Tomado de: http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/29/5674524.shtml